Malvinas: un pretexto para legitimar a un gobierno totalitario

Por Iván Ambroggio*

Cuando se habla de la Guerra de Malvinas, aparece de manera casi automática su vínculo con la denominada “guerra sucia”, que tuvo lugar en la sociedad argentina durante el período 1976-1982. Esta relación surge, para algunos, por ser la guerra de 1982 el detonante de lo que ocurría en el plano interno. Las heridas calaron hondo en un pueblo que fue anestesiado durante la contienda mediante la adulteración de la información. En diciembre de 1981, cuando una nueva junta militar asumió el poder en la Argentina con un alto grado de conflictos sociales internos, una parte de la sociedad cuestionaba la legitimidad del régimen y recriminaba al gobierno por la inobservancia de los derechos humanos. El presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, coincidió con el almirante Jorge Anaya en que la Junta debía avanzar sobre las Malvinas. La necesidad de legitimación de un gobierno inconstitucional hizo embarcar a un país de la periferia en una guerra contra una potencia central. La idea de que una causa nacional podría atemperar los conflictos domésticos y lograr una cohesión social dentro de las fronteras nacionales parece haber estado en la mente de los dirigentes argentinos. El 19 de marzo de 1982, un grupo de chatarreros argentinos desembarcó en Leith, Georgias del Sur, y enarboló la celeste y blanca. El Reino Unido respondió al día siguiente, enviando la nave Endurance desde Stanley para expulsarlos. Margaret Thatcher solicitó al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que intercediera ante Galtieri. Pero la decisión del gobierno argentino ya era indeclinable. La Operación Rosario había comenzado.
Combates y diplomacia
El 2 de abril de 1982, la Argentina ejecutó su plan, que hacía efectiva la ocupación de las islas mediante un operativo combinado de las tres fuerzas. La Argentina logró desembarcar en Puerto Argentino (o Stanley) y tomó las islas. Tras algunos enfrentamientos, el operativo culminó con la rendición del gobernador británico. Al día siguiente, fue designado gobernador de Malvinas el general Mario Benjamín Menéndez.
Conocida la noticia, la Cámara de los Comunes británica aprobó el envío de la fuerza de tareas al Atlántico Sur. La comunidad internacional tomó cartas en el asunto mediante la resolución 502. En ella, el Consejo de Seguridad de la ONU exigía el cese inmediato de las hostilidades, el retiro de todas las fuerzas argentinas de las islas y exhortaba a los gobiernos de ambos países a que procuraran una solución diplomática a sus diferencias. Pero no logró paralizar el ánimo de los antagonistas. El interés belicoso prevalecía en ambos gabinetes. Los británicos anunciaron una zona de exclusión de 200 millas marinas alrededor de las Malvinas y días después advirtieron a la Argentina que cualquier aproximación de sus barcos de guerra o aviones militares que pudieran significar una amenaza para la fuerza de tareas sería repelido del modo apropiado.
La posterior alineación formal de los Estados Unidos sería una jugada que condicionaría aún más la relación de fuerzas de los beligerantes. Hasta ese momento, la Junta argentina descontaba el apoyo norteamericano, ya que había colaborado con Washington en América Central y era parte de la denominada Operación Cóndor, el plan represivo regional coordinado por los EE.UU. y tendiente a evitar el avance de la Unión Soviética en su órbita de influencia. Pero el 30 de abril de 1982, el entonces secretario de Estado Alexander Haig anunció que EE.UU. apoyaba a Gran Bretaña.
Legado doloroso
La aventura de embarcar al país en una guerra innecesaria es uno de los dolorosos legados que le dejó el último gobierno militar a la Argentina. El pueblo reconoció que se había cometido un imperdonable error desde el mismo instante en que Mario Benjamín Menéndez se rendía el 14 de junio de 1982 ante el general Jeremy Moore.
Sin embargo, cabe señalar que en Buenos Aires, días antes, una plaza llena vivaba la bravuconada de un general, lo cual al menos sugiere que para algunos ese error fue hijo de la “derrota” y no de la sangre derramada por una decisión improvisada, necia y arbitraria. Esto no exonera de culpas a las autoridades británicas, en especial a Margaret Thatcher, quien optó por hundir el proceso de paz con el crucero General Belgrano, sin importarle que la nave argentina se hallara fuera de la zona de exclusión. Tampoco parece haber contemplado que en el mismo momento en que el submarino británico Conqueror perpetraba un acto de salvajismo innecesario, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, anunciaba en una conferencia en Lima la inminencia del acuerdo y el cese de las hostilidades. “La Dama de Hierro” estaba más interesada en revertir la opinión negativa que su figura despertaba en el Reino Unido, cambiando sangre por votos y poniendo fin de manera arbitraria a la vida de más de 350 argentinos. Esta actitud, reprochable desde una perspectiva humanitaria, la consolidó en el poder y le posibilitó ser reelegida en 1983.

Lo que vino después
El desenlace de este conflicto bélico no hace sino confirmar la vigencia de un precepto histórico-político que señala que todo gobierno perdidoso en el campo de batalla debe inexorablemente alejarse del poder. Esta actitud le debía corresponder también a los militares argentinos que, tras la derrota, padecieron su consecuencia lógica: la pérdida de la legitimidad relativa que aún poseían. Después de aquella lamentable aventura castrense, se iniciaría la transición democrática en la Argentina, que se consumó con la asunción de Raúl Alfonsín en 1983. En la actualidad, el Estado argentino sigue basando su posición y sus reclamos en el descubrimiento; en el principio del uti possidetis iure; en que las islas se encuentran dentro de la plataforma continental argentina; y en la ocupación que fue ininterrumpida hasta la usurpación británica en 1833.
En Londres, alegan que su primera ocupación, realizada en 1766, fue sobre terra nullius y que, por tanto, las acciones emprendidas en 1833 persiguieron el fin de recuperar aquella ocupación inicial. Creo imperioso hacer una aclaración. En 1766, no podían esos territorios ser considerados terra nullius. También basan su postura en el principio de autodeterminación de los pueblos. Pero este no aplica en este caso, por tratarse de una población “implantada”.
Por último, valga este espacio para expresar mi más respetuoso homenaje a aquellos inocentes jóvenes argentinos que marcharon con sus mochilas repletas de gloria y honor a las islas del Atlántico Sur para defender a su patria en cumplimiento de una decisión gubernamental irracional y desatinada.
*Analista internacional especializado en la Universidad Nacional de Defensa de Washington; Director del Diplomado en Gestión de Gobierno de la Universidad de Belgrano; Consultor político y autor del libro “Malvinas”.

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